Desde la Sección Sindical de UGT denunciamos, de nuevo, la situación de abandono institucional de la Residencia de Mayores “La Orden” de Huelva por parte de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Huelva de la que depende. Se trata de un centro que en su día se proyectó para un fin muy diferente al de las necesidades que hoy enfrenta. Su personal las sufre con una edad media elevada, en un entorno conflictivo y con un déficit de efectivos inasumible en todos los sentidos. La situación es crónica en todos sus extremos y conocida por esa Delegación Territorial por los numerosos escritos al respecto que ha recibido, denuncias ante la Inspección de Trabajo que se han resuelto a favor de los trabajadores y anteriores notas de prensa. La cronicidad de esta situación que se impone por sus gestores, afecta gravemente a la salud de sus trabajadores/as y fomenta la desmoralización general ante la imposibilidad de llevar a cabo un trabajo completo y de calidad y la falta de respeto que supone el aumentar las cargas de trabajo y no respetar los turnos del mismo y los permisos que no se pueden programar con el desastre que esto supone para la conciliación familiar .
Después de describir la cruda realidad vayamos a los datos. La plantilla soporta casi todas las vacantes resultantes del concurso de traslados de junio, con la escusa de que se cubrirán por los concursos que están en marcha pero que no tienen fecha determinada. Con la situación laboral descrita las bajas son frecuentes y la desesperante tardanza en su cobertura, cuando ésta se hace que no es siempre, lleva el problema al extremo.
Desde esta Sección Sindical exigimos la cobertura total de la plantilla y una cobertura ágil de las incidencias de personal. Desde UGT mostramos nuestro rechazo a cualquier solución que implique la contratación de personal fuera de los cauces normalizados de cobertura de empleo público. Entendemos que la actual situación encubre la maliciosa intención de llevar al colapso los servicios públicos para justificar su privatización.