UGT dice no al discurso del odio promovido por VOX en la Junta de Andalucía, y exige más transparencia a la Consejería de educación.

En el 4 Comité de FeSP UGT Huelva celebrada en el día de hoy, se ha presentado una resolución de urgencia en la que se manifiesta con contundencia nuestro rechazo al chantaje que la ultraderecha esta llevando a cabo en la Junta de Andalucía para imponer herramientas que promueven el discurso del odio.

La comunidad educativa y la sociedad en general están asistiendo atónitas a que la crispación y la batalla política se haya trasladado al terreno educativo. La extrema derecha, en un claro ejercicio del “todo vale” y de demagogia, ha introducido un debate innecesario sobre la Educación en valores que ya se entendía superado, aceptada por la sociedad y recogida en toda la normativa educativa e incluso nuestra Constitución. La derecha, incluido el centro derecha, ha comprado peligrosamente ese discurso del odio fruto del mercadeo político en lo que parece una renuncia a la defensa de los derechos fundamentales de las personas a cambio del apoyo necesario para el gobierno de determinadas instituciones, como sucede en la Junta de Andalucía.

Se une a esto una campaña de ataque a la enseñanza pública y de descrédito del colectivo docente esparciendo dudas sobre su honestidad y profesionalidad, para lo que no dudan en inventarse noticias sobre supuestas prácticas sexuales que se desarrollan en los centros educativos con las que bombardean las redes sociales con la única intención de influir en la opinión pública e imponer su ideología xenófoba, antifeminista, machista, anti diversidad, negacionista del cambio climático y autoritaria.

Desde el Sector de Enseñanza de la Federación de l@s Emplead@s de los Servicios Públicos de la UGT de Huelva, instamos a la Junta de Andalucía a no aceptar este chantaje que supondría la imposición de un retroceso en la educación de nuestros jóvenes con tal de mantener el poder, y a evitar lanzar mensajes contradictorios en este asunto tan serio entre los dos partidos del Gobierno de la Junta y del que los apoya; a defender la profesionalidad, la honestidad y el buen hacer de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, y a mantener una postura clara y firme ante la opinión pública que aleje cualquier sospecha de que en los centros educativos se realicen prácticas distintas de las que están encaminadas a la Educación en valores tal como recoge la normativa.

Por otra parte, demandamos de la Consejería de Educación y Deporte mayor transparencia en las reformas que trata de realizar a escondidas en el sistema educativo andaluz. Las noticias sobre un determinado proyecto piloto de utilizar actuales centros de Infantil y Primaria –CEIPs- para escolarizar alumnado de Educación Secundaria Obligatoria –ESO- dando origen a una figura que no recoge nuestra normativa, los CEIPSO, están originando malestar e incluso enfrentamiento entre el personal de los centros afectados. 

Igualmente sucede con las decisiones que se han tomado en alguna provincia andaluza encaminadas a la desaparición de los “Semidés” –centros rurales en los que está escolarizado alumnado del primer ciclo de la ESO-, y que no sabemos si van a ser aplicables al resto de la Comunidad Autónoma. Consideramos que de ser cierta esta medida, aparte de ser un ataque frontal a la escuela y al medio rural, supone una preocupación adicional e innecesaria para toda la comunidad educativa: para las familias por tener que desplazarse sus hijos e hijas en edades tempranas a otras localidades donde estén ubicados los IES, y para el profesorado por lo que pueda suponer en sus condiciones y estabilidad de su trabajo.

Entendemos que esta política de ocultismo, del ordeno y mando, no aporta más que una crispación innecesaria, temores infundados y un claro desprecio a los representantes del profesorado y al resto de la comunidad educativa.

Por ello, exigimos tanto a la Consejería como a la Delegación Provincial que de tener cambios previstos, estos sean puestos en conocimiento en las mesas de negociación, juntas de personal para su debate con los sindicatos y el resto de la comunidad educativa.