La Presidenta del Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Huelva, Toñi Robledo y por acuerdo de éste denuncia la situación que, a diario, se vive en el Centro Residencial para Mayores “La Orden” de Huelva, perteneciente a ésta Delegación Territorial.
Desde el año 2008, con la publicación de la Orden de 11 de febrero, por la que se regula el procedimiento y requisitos para el ingreso en un Centro Residencial de Personas Mayores por sufrir una situación de exclusión social, este centro, al igual que el resto de centros de titularidad pública de la Junta de Andalucía, acoge a personas desde 60 años en esta situación. Estas personas sufren desigualdad, sin vivienda, recursos económicos, apoyo socio-familiar, garantizándoles, de este modo, un recurso social que intenta ofrecer una atención integral.
Muchos de ellos ingresan manteniendo unas conductas adictivas muy elevadas con nula predisposición a iniciar tratamiento de desintoxicación, provocando en multitud de ocasiones situaciones conflictivas, y rechazando cualquier intervención profesional.
Continuamente los trabajadores sufren insultos, vejaciones, amenazas e incluso agresiones. Las trabajadoras, cuando les limpian sus habitaciones, son echadas de las mismas, en el comedor, en el servicio de clínica. Llegan al centro en estado de embriaguez, lo que suele desembocar en situaciones conflictivas e incluso agresiones, en las que tiene que intervenir la seguridad del centro cuando está presente, pues sólo cubre parte del horario. Situaciones que alteran, de manera significativa, la convivencia y que tienen que sufrir tanto los residentes como los trabajadores del centro, viéndose inmersos en situaciones de peligro cada vez que no pueden ser atendidos los de la manera por ellos
Este Comité entiende que, indiscutiblemente, estos residentes deben permanecer en un centro específico que cubra sus necesidades, con intervención, supervisión, apoyo y seguimiento profesional especializado, adecuado y continuado. Igualmente, deben disponerse las herramientas adecuadas para tratar conductas adictivas, de las que se carece.
Desde este Comité queremos denunciar que no es un hecho puntual como afirmaba la Delegada Territorial Dª Estela Villalba estos días atrás en la prensa ante la última agresión. La falta de medios técnicos y humanos, de la formación específica necesaria para atender con garantías este tipo de conductas disruptivas, la baja sociabilidad, el consumo de sustancias y conductas adictivas disparan el nivel de agresividad. Todo ello unido a la falta de vigilancia 24 horas hace que los trabajadores no puedan ir a trabajar con una mínima tranquilidad. Los trabajadores observan como la impunidad reina ante hechos tan graves como amenazas de muerte y agresiones de determinados residentes hacia los trabajadores del centro. La única solución disponible y recogida en el reglamento de régimen interno de los centros es el traslado a otro centro de estas mismas características en otra provincia, lo cual, lejos de solucionar el problema, lo que hace estrasladarlo.
El Comité lleva reivindicando durante años la mejora de las precarias condiciones laborales y la falta de seguridad. Los trabajadores tienen derecho a asistir al trabajo sin temor a ser insultado, amenazado o agredido físicamente. No existe el reconocimiento de centro específico en nuestro caso, del plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad, no existe una evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo. Tampoco contamos con un protocolo de agresiones específico para el centro.
El día 17 del presente mes ha sido la última agresión. Un trabajador, al intentar mediar con un residente en estado de embriaguez, recibió de éste un brutal bastonazo que impactó en su cabeza. Tenemos a otra trabajadora de baja laboral desde hace varios meses por otra agresión. No es la primera en esta situación. No es un hecho puntual, es algo que es desgraciadamente cotidiano y que se viene denunciando a nivel interno desde siempre, que se ha comunicado a la Delegación Territorial en muchas ocasiones y también se ha cursado informe a la Dirección General de Mayores de la Junta de Andalucía, y se continúa sin tomar las medidas oportunas.
No es lícito que los trabajadores acudan a su puesto de trabajo en situación de miedo, ansiedad, y escondiéndose para no provocar situaciones conflictivas.
Por todo ello, este Comité exige a la Delegación Territorial que se tomen medidas inmediatas y efectivas para controlar la situación.
